En los últimos días, algunos académicos vuelven a proponer que se introduzca una prueba obligatoria y habilitante al término de la formación inicial docente, pues consideran que este mecanismo resultaría el de “mayor y más rápido impacto en el quehacer formativo de las instituciones”.
Al respecto, tal como señalamos ante la Comisión de Educación del Senado, la evidencia disponible, la experiencia formativa de nuestras instituciones y la tendencia internacional determinan que la formación inicial se asegura con evaluaciones formativas durante el proceso de formación, con dispositivos que establecen consecuencias para las instituciones y fuerte apoyo a los recién egresados, en lugar de responsabilizar individualmente a los estudiantes a su egreso.
La evidencia internacional enseña que los buenos resultados en este tipo de exámenes no necesariamente correlacionan con un buen desempeño posterior en las aulas, ni con resultados de aprendizaje de calidad (Angrista & Guryanb, 2006; Wayne & Youngs, 2003; Buddin & Zamarro, 2008), pues no cubren la compleja integración de factores que hacen posible un buen profesor (Rockoff, Jacob, Kane and Steiger, 2008). Por otra parte, dada la experiencia con otras mediciones, cabe la probabilidad de que se desvirtúe el sentido del instrumento y las instituciones terminen concentrándose en lo que será medido.
Hay otras medidas en el proyecto de ley que resuelven mucho mejor la calidad de la formación inicial que una prueba habilitante. Por ejemplo, el proyecto avanza en establecer que ninguna institución no acreditada imparta Pedagogía en Chile, asegurando un piso regulatorio mínimo y proponiendo evaluaciones antes del egreso que permitan mejorar a tiempo. Incluso, considerando la posibilidad de que los resultados institucionales se conviertan en indicadores de acreditación, transfiriendo así la responsabilidad de la formación a las instituciones y no perjudicando a los estudiantes quienes postulan a ellas de buena fe.
Introducir una prueba habilitante podría considerarse sólo una vez que la ley se aplique, y verdaderamente se responsabilice a las instituciones, no en los momentos actuales, donde no hay regulación al ingreso. En ese escenario, podrían aplicarse progresivamente pruebas con consecuencias para los egresados, además de diseñar mecanismos sistémicos e integrados de evaluación durante el proceso de formación, tal vez, ligados a los procesos de mentoría inicial, también propuestos en el proyecto. El problema no es la prueba habilitante en sí misma, sino su poco sentido de equidad y poca capacidad predictiva.
Insistir en una prueba habilitante intenta extender una agenda que percibe a las mediciones y regulaciones al estudiante y profesores en ejercicio como la solución a problemas que requieren en cambio políticas que construyan capacidades. Ese camino confía más en acuerdos políticos pasados que en la evidencia acumulada o en el rol regulador del Estado chileno en este campo. Creemos que más desconfianza en el gremio y en las instituciones formadoras no contribuye a redignificar la imagen del profesor(a) que hace falta.
Compartimos la necesidad de elevar los niveles de calidad de la formación y del desempeño de los profesores, y estamos trabajando fuertemente para ello en cada una de nuestras facultades.
Información obtenida de Diario La Tercera Online